El pueblo como fuente de la autoridad política

En los orígenes de los Estados-Nación el poder del rey ungido derivaba de la autoridad divina. Sin embargo, en los Estados modernos actuales, se supone que el poder político deriva de la autoridad legítima del «pueblo».

Los políticos suelen atribuir a la autoridad del pueblo la legitimidad para introducir cambios en la constitución, en el régimen de gobierno e incluso sobre las demarcaciones territoriales.

A pesar del rol crucial que tiene la referencia al «pueblo» en el discurso político contemporáneo, el concepto nos parece difuso, emocional y demasiado cercano a la retórica populista.

¿Qué significa, entonces, que la autoridad política tenga su origen en el «pueblo»? ¿Cómo llegó el pueblo a tener este estatus de autoridad? ¿Quién o quiénes son el pueblo?

La autoridad política del pueblo

La noción actual de «pueblo soberano» tiene sus orígenes en el pensamiento clásico occidental. La palabra «pueblo», que se deriva del latín populus, ha sido heredada de las tradiciones políticas de la antigua Roma.

En la República de Roma, el poder soberano pertenecía al populus y era ejercido regularmente en asambleas ciudadanas. Sin embargo, durante la época imperial, los déspotas militares romanos también ejercieron el poder en el nombre del pueblo, que asentía formalmente el gobierno.

En el contexto del Imperio Romano, el poder soberano detentado por el Emperador era delegado desde el populus. De forma que la soberanía popular y el gobierno absolutista podían coexistir. Como se puede ver, aún bajo formas de gobierno no-democráticas es posible decir que la legitimidad del poder político deriva del pueblo.

En efecto, si bien los teóricos del contractualismo están de acuerdo con el origen popular del poder, muchos piensan que esto es completamente compatible con la monarquía absoluta.

En Locke, por ejemplo, podemos encontrar un pueblo que usa su poder soberano exclusivamente como mecanismo de defensa. Una vez que el pueblo ha reclamado la soberanía solo la usa para autorizar a un nuevo rey, no para posicionarse como gobernante.

El discurso moderno del «pueblo» emerge después de la Revolución de las Trece Colonias (1765). Además de justificar su resistencia ante el rey George III y reclamar el poder para el pueblo, los estadounidenses fueron un paso más allá.

«Nosotros el pueblo» (We the people) establece una nueva constitución, reclamando la autoridad política última, por medio de asambleas ciudadanas reales. Reviviendo el modelo de la República de Roma de forma parcial, rompen con el modelo de gobierno de la monarquía y establecen un gobierno electo por y para el pueblo.

Por supuesto, Estados Unidos no fue el único lugar en el que, desde fines del Siglo XVIII, emergió una nueva política del pueblo. También en otros países el pueblo se convirtió en la última autoridad legítima del poder, en el creador de la constitución y en el dueño del gobierno.

Bajo el mecanismo de la representación, el pueblo «presta» su autoridad a los políticos y puede reclamarla cuando quiera. Este pueblo es, al mismo tiempo, una nación colectiva auto-determinada y una recolección de individuos que gozan de derechos en tanto seres humanos.

¿Quiénes son parte del «pueblo»?

Existen disputas sobre cuál es el límite de este «pueblo» al que se le atribuye, en última instancia, la autoridad política. Con frecuencia estas disputas se vinculan con criterios de rango o clase, específicamente porque el término «pueblo» es ambiguo. Puede referirse tanto al todo como a una parte, a una clase privilegiada o a la «gente común» sin privilegios.

¿Cómo debemos, entonces, entender la autonomía política del pueblo? ¿Es el pueblo equivalente a la nación? Algunos teóricos contemporáneos han sostenido que sólo los vínculos de nacionalidad pueden proporcionar las bases para la solidaridad de largo plazo necesaria para sostener el autogobierno (Miller 1995, Canovan 1996; Yack 2001).

Pero el origen del concepto de pueblo está en las ciudades-estado, no en las naciones modernas. Por lo que podría argumentarse que los límites de estas últimas no son necesarios. Estados Unidos logró crear un pueblo desde la diversidad étnica y en un contexto de inmigración a gran escala.

Bajo el discurso de la soberanía popular, el «pueblo» al que se le atribuye la autoridad política siempre aparece como abstracto, universal y sin fronteras. Sin lugar a dudas, durante el último siglo «el pueblo» de los Estados contemporáneos ha tendido a expandirse para incluir a grupos anteriormente excluidos. El caso más notable es, por supuesto, la inclusión de las mujeres (que representan la mitad de la población).

¿Puede detenerse la expansión del pueblo e instaurarse un límite? En las últimas décadas, la migración masiva ha sido observada por algunos como una amenaza para «nuestro pueblo» y ha provocado una reacción populista en muchos Estados democráticos.

¿En qué consiste este pueblo?

Más allá de si el pueblo tiene un límite o no, ¿debe ser concebido como una entidad colectiva? En muchos idiomas, la gramática de pueblo, populus, people, Volk, indica un sujeto singular: una unidad en la que los individuos son solo una parte.

Para poder entender la forma en la que el pueblo ejerce su autoridad política, primero debemos entender a qué tipo de actor nos referimos cuando decimos «pueblo». ¿Es un colectivo o simplemente es una congregación de individuos? La dificultad está en que ambos sentidos son indispensables.

El pensamiento occidental con frecuencia es suspicaz respecto de las ideas colectivistas. Pero si consideramos el pueblo sólo como la agregación de individuos nos encontraremos con que ya no existe un «pueblo» que pueda ser el repositorio de la autoridad política.

Para poder aceptar el veredicto de la mayoría como «la elección del pueblo», por ejemplo, tenemos que asumir que los individuos pueden ser concebidos como miembros de un cuerpo político denominado «pueblo».

En general, el pueblo siempre ha sido concebido como una corporación. No solo el agregado de los individuos, sino que un cuerpo que actúa por medio de órganos definidos legalmente. Así lo conciben los contractualistas desde el siglo XVI en adelante: una persona moral con una sola voluntad, formada por individuos que pactan entre sí en el estado de naturaleza.

Nuestro discurso político actual demanda que la última autoridad política, de alguna forma, preserve tanto la habilidad colectiva de actuar como nuestras diversas y separadas identidades en tanto individuos.

La teoría del poder soberano de Rousseau intentó unificar los aspectos individuales y colectivos del pueblo. La reconciliación entre la voluntad individual y la voluntad colectiva se alcanza mediante la noción de Voluntad General dirigida hacia el bien común. Esta voluntad es sostenida tanto por los ciudadanos de forma individual como por el pueblo reunido en asambleas.

¿Por qué el pueblo es la última autoridad política?

¿Por qué asumimos que debe existir una fuente última de autoridad legítima? Si pensamos que el pueblo no es más que la población (una colección de ciudadanos comunes y en constante cambio), es difícil ver cómo puede justificarse el hecho de que sea la fuente legitima de la autoridad política.

Pero el discurso de la soberanía popular es más ambicioso que esto. Si se piensa en «El Otoño de las Naciones», la ola revolucionaria de 1989 en Europa, es difícil negar que «el pueblo» ha reclamado su legitimo derecho a la autoridad y el gobierno.

Una forma de comprender la misteriosa fuente de autoridad del pueblo es tratarle como un mito legitimador, cercano al mito medieval que confería el derecho divino de gobernar a los reyes.

El análisis pionero de Tudor (1972) sobre los mitos políticos puede ser aplicado a los mitos sobre el pueblo como fundador y como futuro redentor de la política. En combinación con el mito del contrato social, estas historias de fundación popular de la política establecen la noción de que el pueblo tiene la capacidad de tomar nuevamente el poder en sus manos y «empezar desde cero».

Aun cuando los mitos sobre el pueblo pueden ayudar a legitimar el sistema político, tienden también a crear expectativas poco realistas que pueden producir desafección con la actual democracia. La creencia de que el pueblo es la fuente legítima del poder nos da la impresión de que debemos ser capaces de ejercer ese poder.

Sin embargo, aunque la democracia nos da la posibilidad de tener influencia en la política como votantes individuales, no existe un sentimiento de que nosotros, como pueblo, estemos en control.

Como lo pone Claude Lefort (1986), el lugar del poder permanece vacío. Vale decir, el pueblo soberano permanece ausente del poder.

Estos mitos nos dejan insatisfechos, con la esperanza de ver el real poder soberano del pueblo en acción. Es por esta razón por la que cualquier aproximación a este escenario es cargada de un poder místico.

El analista de fenómenos políticos no puede ignorar estas imágenes, porque son ellas las que ayudan a movilizar a los actores políticos. ¿Qué hacer con los elementos míticos que, aparentemente, son inseparables de nuestras creencias sobre la legitimidad de la autoridad política?

Para Edmund Morgan (1988), la soberanía popular es una «ficción» que fue inventada de forma deliberada para desafiar y reemplazar otra ficción: el derecho divino de los reyes.

Pierre Bordieu (1991), por su parte, usa el lenguaje de la magia y la hechicería para describir el proceso por medio del que se construyen colectivos como «el pueblo» y su poder simbólico es empuñado por quienes lo conjuran y sostienen hablar en nombre de ellos. En esta lectura, los ciudadanos ordinarios que se identifican con «el pueblo» aparecen como peones en las manos de una élite manipulativa.

Estos análisis parecieran desacreditar la autoridad del pueblo. Sin embargo, existen casos de movilización política que parecen ser más espontáneos y menos controlados de lo que Morgan y Bordieu sugieren. Los mitos políticos se alimentan de los raros casos en los que emergen movimientos en los que tanto sus participantes como observadores externos reconocen al «pueblo».

Sheldon Wolin (1994) llama a estos momentos, en los que el poder vuelve a la comunidad y a la agencia del pueblo, «democracia fugitiva». Nuestros mitos nos llevan a esperar que lleguen estos momentos y que, cuando lo hagan, el pueblo aparezca como una fuente legítima de autoridad.

Cualquiera sea el caso, si queremos que un Estado sea lo suficientemente fuerte para ser efectivo y que exista la posibilidad de rendición de cuentas para mantener a sus ciudadanos a salvo, probablemente se necesite del respaldo de un pueblo con una identidad colectiva que permita generar y monitorear el poder político. En este sentido, las expectativas generadas por el mito del «pueblo» son necesarias para sostener la política democrática y la noción de bien común.

Este artículo se basa en la siguiente fuente de información:

Otras referencias

  • Bourdieu, P. 1991. Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity.
  • Canovan, M. Nationhood and Political Theory. Cheltenham: Edward Elgar.
  • Lefort, C. 1986. The Political Forms of Modern Society: Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism. Cambridge: Polity.
  • Miller, D. 1995. On Nationality. Oxford: Oxford University Press.
  • Morgan, E. S. 1988. Inventing the People: the Rise of Popular Sovereignty in England and America. New York: W. W. Norton.
  • Tudor, H. 1972. Political Myth. London: Pall Mall.
  • Wolin, S. 1994. Fugitive democracy. Constellations, 1: 11–25.
  • Yack, B. Popular sovereignty and nationalism. Political Theory, 29: 517–36.

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