Mujeres en política: el derecho a ser electas

El pensamiento político moderno ha definido tradicionalmente a los ciudadanos como aquellas personas que tienen el poder de participar en la deliberación y la administración pública. En otras palabras, los ciudadanos tienen derechos políticos, incluyendo el derecho de votar y desempeñarse en cargos de autoridad. ¿Pero quienes disfrutan de estos derechos?

Históricamente, los derechos políticos han sido definidos para incluir, pero también para excluir a determinadas personas. Durante mucho tiempo y en muchos países, se excluyó de la ciudadanía a las mujeres, a la población indígena, a los afroamericanos, esclavos, etc. Esto significa que una gran parte de la población mundial no adquirió derechos políticos hasta finales del siglo XX.

En Estados Unidos, por ejemplo, la mujeres tuvieron que esperar hasta 1920 para alcanzar el derecho al sufragio. En Chile, hasta 1949. En México, hasta 1953. Y en Suiza, un país aclamado por su estabilidad democrática, hasta 1971. Sin embargo, el voto no es el único derecho político. Por lo general, la adquisición del derecho a voto de las mujeres ha estado acompañada por el derecho a presentarse como candidatas en los comicios electorales.

Los sistemas representativos que no permiten que las mujeres presenten sus candidaturas están lejos de alcanzar la promesa igualitaria de la democracia. Hoy en día, incluso en los países en los que este derecho esta garantizado, las mujeres siguen teniendo una presencia minoritaria en el parlamento.

Porcentaje de escaños detentados por mujeres en parlamentos nacionales (1997-2020)

Conquistando la equidad política: el derecho a ser electas

En 1911 las sufragistas en mexicanas enviaron una petición al presidente demandando que se les reconozcan los mismos derechos que tienen los hombres en relación al voto y la elección. Como en México, en muchos países de América Latina durante el siglo XX los movimientos sufragistas iniciaron debates sobre los derechos políticos, más allá del simple derecho a votar.

Apelando a la noción tradicional de ciudadanía, las sufragistas demandaron el derecho a «elegir y ser electas». Quienes se oponían a la participación femenina en política rechazaban la idea de que las mujeres votaran, pero se resistieron con especial fuerza a la participación de las mujeres en cargos de representación. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en la medida en que el movimiento sufragista adquirió importancia en América Latina, se aprobaron nuevas leyes que estipularon explícitamente el derecho de las mujeres a elegir y ser electas.

En la década de 1980, sin embargo, la mayor parte de los congresos de América Latina tenían un porcentaje de mujeres menor al 10%. Fue evidente, entonces, que la igualdad de derechos políticos no garantizaba el igual acceso a la representación. Para corregir esta disparidad estructural, algunos países implementaron leyes de cuotas.

La primera ley de cuotas de género fue introducida en 1991 por Argentina y requería que los partidos políticos nominaran como mínimo un 30% de candidatas mujeres para la legislatura nacional. Hacia finales del siglo XX, otros once (11) países de América Latina implementarían leyes similares. En 1999, Francia llegó aún más lejos, adoptando la paridad de género (50/50).

Hoy en día, más de 75 países alrededor del mundo cuentan con leyes de cuotas de género. En la mayoría, estas leyes versan sobre las proporciones de género en las candidaturas (oportunidad), pero algunas también reservan un determinado número de escaños para mujeres en la legislatura nacional (resultados). Este tipo de leyes se encuentran en las democracias avanzadas, en nuevas democracias y en países en transición post-conflicto.

Las leyes de cuota de género funcionan. De los 50 países que eligieron más del 30% de candidatas mujeres en 2019, 29 cuentan con leyes de cuotas. El éxito en los países restantes puede ser explicado por cuotas de género que los partidos políticos han adoptado de forma voluntaria, sin necesidad de la implementación de una ley.

Mapa: porcentaje de escaños detentados por mujeres en parlamentos nacionales (1997-2020)

Leyes de cuota ¿Para qué?

En la teoría legal y política es posible diferenciar entre derechos negativos y derechos positivos. Esta distinción es importante cuando se debate sobre los derechos políticos de las mujeres. Un derecho negativo es un derecho de no-interferencia. El derecho a voto y el derecho a presentar una candidatura son derechos de tipo negativo. Garantizado este derecho, nadie puede impedir que una mujer vote o se presente como candidata a una elección.

Las leyes de cuota, sin embargo, son leyes que garantizan derechos positivos. Implican que el Estado y los partidos políticos implementen medidas proactivas para crear un espacio para las mujeres en la papeleta electoral. Los derechos positivos de este tipo buscan, por lo general, corregir desigualdades sociales o injusticias, equilibrando las oportunidades de todos los ciudadanos.

Una vez que los obstáculos legales para el ejercicio del «derecho a ser electas» han sido superados, existen, sin embargo, barreras estructurales que dificultan el ejercicio de este derecho. La discriminación por género es una de estas barreras y tiene un impacto significativo sobre el porcentaje de mujeres que acceden a cargos de representación, aún cuando, formalmente, no existen impedimentos para erigir sus candidaturas.

Existen cuatro argumentos principales para sostener que las leyes de cuotas de género son necesarias para las democracias representativas:

Representación descriptiva: la representación descriptiva corresponde a la noción de que las asambleas electas deben ser similares en composición a aquellos cuerpos políticos que representan. Las divisiones territoriales o geográficas, por si mismas, no producen un cuerpo legislativo que refleje la diversidad ciudadana.
Igualdad sustantiva: la representación política no debe ser considerada solo como un derecho individual, sino que también puede ser entendida como un derecho colectivo. Esto implica que las mujeres (y otros grupos sociales) solo pueden alcanzar la igualdad política si tienen representación como grupo. Sin igualdad sustantiva solo existe igualdad formal o legal.
Poder para tomar decisiones: el derecho a la representación política constituye un derecho a la participación en la toma de las decisiones que afectan a todos los individuos y grupos de la sociedad. La representación equitativa de las mujeres como grupo significa acceso equitativo al poder. Las medidas positivas para la paridad de género son vistas como un correctivo necesario para alcanzar una distribución justa del poder para tomar decisiones.
Justicia: a menos que se crea que las mujeres son incapaces de gobernar, la única explicación para la sobre-representación del género masculino es la exclusión sistemática de las mujeres. Las cuotas de género reflejan la creencia de que existen injusticias históricas que han beneficiado a los hombres y han perjudicado a las mujeres.

Por último, las leyes de cuotas de género existen porque tienen un impacto real sobre los resultados electorales. Desde su implementación en diferentes países a lo largo del mundo, el porcentaje de mujeres que han accedido a cargos de representación ha aumentado de forma gradual. Todavía existe una diferencia importante y los hombres siguen estando sobre-representados en la mayoría de los parlamentos, pero hay una tendencia a la reducción de esta brecha.

La investigación académica especializada ha demostrado que la presencia de las mujeres en el poder legislativo tiene un impacto positivo sobre la implementación de políticas públicas relacionadas con la familia (acceso a guarderías infantiles y licencias de maternidad); políticas de salud reproductiva más liberales (acceso a anticonceptivos y aborto); y castigos más severos para la violencia en contra de la mujer.