¿Se deben obedecer las leyes injustas? Sobre la desobediencia civil

Desde la protesta pacífica de Mahatma Gandhi a inicios del siglo XX por la independencia de India, pasando por la negativa de Rosa Parks en 1955 a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco (que marcaría un hito para el movimiento estadounidense por los derechos civiles) hasta, más recientemente, la consigna del movimiento social chileno a «evadir» el pago del transporte público en octubre de 2019, la historia está plagada de momentos icónicos de desobediencia civil.

Si consideramos que una ley es injusta ¿es esta una razón suficiente para desobedecerla? Alternativamente ¿es la validez legal de una norma razón suficiente para obedecerla?

De vez en cuando solemos escuchar a personas que sostienen la validez de alguna de estas posiciones opuestas. ¿Cuál de las dos es apropiada? ¿Estamos justificados a desobedecer las leyes sólo porque estas se nos presentan como injustas o, por el contrario, desobedecer la ley es, en sí mismo, un acto injusto?

Todas estas preguntas se reducen a una sola: ¿existe una justificación para la desobediencia civil? Esta es la pregunta que John Rawls, profesor de filosofía política de la Universidad de Harvard, se hace en La justificación de la desobediencia civil (1969) y la que, en lo que sigue, trataremos de responder siguiendo sus argumentos.

La doctrina del contrato social: ¿por qué obedecemos las leyes?

Según Rawls, la desobediencia civil es una acción política que se caracteriza por apelar al sentido de justicia de la mayoría en aquellos momentos en los que se han violado los principios y condiciones de la cooperación social. En otras palabras, cuando se han roto los fundamentos del «contrato social».

Para Rawls, las dos virtudes principales de las instituciones sociales son la justicia y la eficiencia. Mientras se mantengan ambas virtudes, dice el filósofo estadounidense, deberíamos obedecer las normas sociales por, al menos, dos razones:

Es nuestro deber natural no oponernos al establecimiento de instituciones justas y eficientes, así como obedecerlas; y
Estamos obligados a «hacer nuestra parte», mientras aceptemos los beneficios que nos proporcionan dichas instituciones.

En esto, Rawls adhiere a la teoría del contrato social que se deriva del pensamiento de autores como Locke, Rousseau, Hobbes y, especialmente, Immanuel Kant.

En específico, Rawls adhiere a una interpretación de la doctrina del contrato social en la que se asume que los principios de los arreglos sociales (justos) se derivan del acuerdo entre hombres libres y racionales que, a su vez, se encuentran en una posición original de igual libertad.

Esta posición original es una posición hipotética (no un estado de naturaleza histórico). Los principios de la sociedad justa son aquellos que se derivan del hipotético acuerdo entre personas situadas en la posición original para asegurar sus derechos y libertades fundamentales.

Tales principios serían, según Rawls:

Cada persona tiene igual derecho a la libertad más amplia posible que sea compatible con la misma libertad para todos; y
Las desigualdades sociales y económicas pueden existir en la medida en que signifiquen un beneficio para todos y estén vinculadas a posiciones abiertas a cualquier persona.

Estos son los dos principios de la justicia y no existirían razones para desobedecer aquellas leyes que se rijan conforme a ellos.

¿Debemos obedecer leyes injustas?

Para Rawls, la mejor constitución posible (que se ajusta a los principios de la justicia) debe ser algún tipo de régimen democrático que defienda la igual libertad política y emplee algún tipo de mecanismo de toma de decisiones por regla de mayoría.

Sin embargo, y en vista de que los seres humanos no somos perfectos (y tampoco lo son nuestros legisladores), es un hecho que existen leyes injustas. ¿Estamos obligados a obedecerlas para preservar el orden establecido en el «contrato social»?

El proceso legislativo no es perfecto y, la verdad sea dicha, no existe un procedimiento político que garantice que las leyes resultantes siempre sean justas, aun cuando se comparta un mismo criterio sobre qué se entiende por justicia.

En vista de que no es posible establecer un procedimiento que garantice la aprobación de leyes justas, es seguro que se aprobarán leyes injustas y se implementarán políticas públicas injustas. Si bien la regla de la mayoría es necesaria para una democracia, en algunas ocasiones la mayoría puede equivocarse.

De esta forma, dice Rawls, incluso en una sociedad que se encuentra bajo la dirección de una constitución justa, las leyes injustas son inevitables. Así, asumiendo que aceptamos seguir participando de los beneficios de dicha sociedad, estaríamos obligados a obedecer aquellas reglas que la mayoría establece (incluso aquellas que son injustas), siempre que no se excedan ciertos límites.

Para Rawls, la existencia de leyes injustas es una carga que toda sociedad debe llevar, en la medida en que sus efectos se distribuyan equitativamente y no se produzcan abusos excesivos. En este sentido, no es inusual que a los ciudadanos se les exija obedecer leyes injustas.

Sin embargo, aun cuando existe una obligación a obedecer las leyes que aprueba una mayoría, no existe ninguna obligación a reconocer que tales leyes son justas. Los ciudadanos someten su conducta a la autoridad del Estado, pero la autoridad democrática no puede esperar que un ciudadano someta su libertad de pensamiento.

Es en vista de esta libertad fundamental que un ciudadano podría considerar la desobediencia civil.

El lugar de la desobediencia civil en una democracia constitucional

La desobediencia civil puede entenderse como un acto público, no-violento y consciente, contrario a la ley, en el que se incurre con la intención de desafiar y cambiar las normas o leyes de un gobierno (Rawls, 1969). Es, en todos los casos, una acción política y justificada en principios morales relativos a cierta noción del «bien común».

Detrás de cada acto de desobediencia civil existe la convicción de que se actúa en defensa de la justicia. En otras palabras, los disidentes apelan a una noción de justicia compartida con el propósito de que las medidas ante las que se protesta sean reconsideradas (dado que se acusa que tales medidas no honran adecuadamente las condiciones de la cooperación social).

La desobediencia civil es un mecanismo fundamental para un Estado democrático. La violación persistente y deliberada de las libertades básicas, por un periodo de tiempo extenso, quiebra los lazos comunitarios y solo deja dos vías de acción: la sumisión o la resistencia.

La desobediencia civil también es una acción cívica en otro sentido. Por definición, es pública y no-violenta. Esto quiere decir que los disidentes, con toda probabilidad, esperan ser arrestados y aceptan esta situación sin oponer resistencia. De esta forma, manifiestan su respeto por los procedimientos legales.

Dicho de otra forma, la desobediencia civil expresa oposición a la ley dentro de los límites de la confianza en la ley.

La justificación de la desobediencia civil

Entonces, ¿bajo qué condiciones las acciones de desobediencia civil son consistentes con los principios de justicia de un régimen democrático? Según Rawls, cuando el proceso democrático ha fallado en producir un resultado justo, las acciones de desobediencia civil se adoptan como último recurso desesperado.

En este sentido, la desobediencia civil está justificada cuando se ha cometido una grave injusticia y, al mismo tiempo, cuando existe una oposición mayoritaria a deliberar para corregir dicha injusticia.

Así, las acciones de desobediencia civil debieran limitarse a aquellas leyes que violen el principio de igualdad en la libertad de los ciudadanos o, alternativamente, el principio de igualdad de oportunidad de acceso a posiciones sociales.

Por su puesto, no es sencillo determinar qué leyes caen dentro de esta categoría. Sin embargo, cuando se le niega el derecho a votar o a detentar cargos de autoridad a una minoría o cuando ciertos grupos religiosos son perseguidos, reprimidos o se les niegan oportunidades económicas, es evidente que se está incurriendo en acciones injustas. Estas son violaciones directas a la igualdad en las libertades que define el estatus común de «ciudadano».

De forma adicional, sostiene Rawls, la desobediencia civil debe limitarse a aquellas situaciones en las que los disidentes están dispuestos a afirmar que cualquier persona sometida a las mismas injusticias tiene el derecho de protestar en la misma forma. De otra forma, la protesta negaría la igualdad básica del otro o se transformaría en una estrategia para obtener ventajas particulares (y no una lucha legítima por la justicia).

En términos generales, la desobediencia civil legítima y apropiadamente ejercida es un dispositivo estabilizador de los regímenes constitucionales que permite corregir las injusticias cometidas.

En síntesis, el derecho a la desobediencia civil está sujeto a tres condiciones:

Cuando se es víctima de una injusticia deliberada durante un largo periodo de tiempo;
Cuando tal injusticia es una violación clara al principio de igualdad en las libertades que disfrutan los ciudadanos; y
Cuando existe una disposición a protestar de forma similar ante casos similares.

Finalmente, y una vez establecido el derecho a la desobediencia civil, queda pendiente preguntarse por la forma en la que este derecho será ejercido. Vale decir, si es que la acción de desobediencia civil tendrá o no la consecuencia deseada: avanzar en la corrección de una injusticia.

Esta última consideración, de carácter estratégico, es fundamental. Aun cuando puede que estemos en nuestro derecho a actuar en contra de una ley injusta, debemos meditar seriamente si dicho desacato sirve al propósito de producir una sociedad más justa.