¿Qué es la Constitución y para qué sirve?

La Constitución Política de un país puede ser descrita como el conjunto de reglas, prácticas y costumbres que son consideradas leyes fundamentales.

En las naciones modernas, una Constitución aspira a delimitar el poder del gobierno, garantizar el Estado de Derecho y proteger derechos ciudadanos básicos. En este sentido, se puede decir que una Constitución es una institución que rige el comportamiento de la comunidad política.

¿Cuáles son, entonces, las funciones políticas y sociales de una Constitución?

Características y propósitos principales de una Constitución

Cuando hablamos de una Constitución, debemos considerar el hecho de que sus disposiciones sólo pueden implementarse por medio de determinadas instituciones políticas.

En efecto, difícilmente se puede hablar de una Constitución sin hablar, al mismo tiempo, de las distintas ramas del gobierno, las entidades políticas e incluso las organizaciones de la sociedad civil. Estos son los actores que se encargan de «dar vida» a la Carta Fundamental.

La forma en la que una Constitución Política se traduce en restricciones o autorizaciones es, justamente, a través de los actos de interpretación que realizan dichos actores. Esto no quiere decir, sin embargo, que el texto de una Constitución no sea relevante o que no existan límites reales a las acciones de los actores políticos.

La Constitución es fundamental para guiar al gobierno, puesto que se espera que las instituciones y las autoridades actúen en conformidad con sus requerimientos y limitaciones.

Una Constitución puede, por ejemplo, delimitar el proceso legislativo para evitar que se aprueben determinadas leyes que violen los principios o valores que guían a una nación. Por el otro lado, sus disposiciones pueden promover la legislación en torno a ciertas materias específicas que se encuentran consideradas dentro de ella.

Existen a lo menos cuatro maneras en las que una Constitución puede dar forma a las acciones que ejecutan las instituciones del gobierno y la ciudadanía:

Garantizando la implementación de los pactos o acuerdos que, en primer lugar, hicieron posible la construcción de la nación;
Estructurando la configuración del poder del gobierno:
Limitando el ejercicio del poder del gobierno; y
Creando obligaciones para el gobierno y la ciudadanía

Implementar los acuerdos fundacionales

Tanto la ciudadanía como las personas que están encargadas de diseñar y formular las disposiciones de una Constitución Política prestan particular atención a determinados compromisos que han permitido que exista una comunidad política.

Estos compromisos están guiados por principios valóricos tales como, por ejemplo, la libertad de expresión y el respeto al debido proceso, o la separación de los poderes del Estado. Estos son principios que dan forma al diseño institucional de un país y pueden incluir diversos elementos.

Es probable que el documento definitivo de una Constitución sea el resultado de negociaciones políticas específicas que fueron esenciales para la conformación de un nuevo régimen.

En el caso de la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, las preocupaciones de los Estados más pequeños y menos poderosos llevaron a los Padres Fundadores a adoptar una segunda cámara legislativa: el Senado. La función del Senado, en este caso, es garantizar la igual representación política de todos los Estados que componen la nación, sin importar su tamaño relativo.

Sin este acuerdo inicial, hubiera resultado muy difícil que dicho país mantuviera la unidad necesaria para garantizar la estabilidad social en el largo plazo. Es por ello que las Constituciones Políticas suelen incluir arreglos institucionales que responden las exigencias políticas del momento en el que han sido creadas.

Estructurar el ejercicio del poder

En un nivel más general, la función de una Constitución es construir el esquema básico de los procesos e instituciones políticas del país por medio del cual se ejercerá el poder del gobierno. Adicionalmente, la Constitución incluye disposiciones sobre la forma en la que serán electas las autoridades públicas.

En el caso de Chile, por ejemplo, la Constitución Política de 1980 establece una administración unitaria del Estado y la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

A diferencia de los Estados Unidos, que es un país federal en el que cada Estado cuenta con autonomía política, el poder político en Chile se encuentra centralizado y se extiende a lo largo de todo el territorio nacional.

De todas formas, el principio de separación de poderes que consigna la Constitución busca garantizar que este poder centralizado se reparta en distintas instituciones y ramas del gobierno, con el propósito de que se controlen mutuamente y no se implemente un gobierno tiránico.

La separación de poderes es un principio consignado en un gran número de Constituciones democráticas a lo largo del mundo y su principal objetivo es restringir el poder del gobierno mediante mecanismos de supervisión y control mutuo entre los poderes del Estado.

Las Constituciones, como se ha dicho, también establecen disposiciones sobre el sistema mediante el cual se elegirán las autoridades del gobierno en cada una de sus ramas. Los sistemas pueden ir desde la elección directa por medio del voto popular, hasta la designación por parte del Presidente, dependiendo del caso.

Por lo general, la elección del tipo de sistema a implementar para la asignación de autoridades públicas está determinada por las inquietudes y principios que defienden aquellas personas que se encuentran encargadas de diseñar la Carta Fundamental.

Limitar el ejercicio del poder

Las Constituciones también sirven para limitar el ejercicio del poder del gobierno en nombre de la defensa de los derechos individuales. Por ejemplo, una Constitución puede incluir disposiciones para prohibir acciones de discriminación étnica, religiosa o política.

La forma en la que la Constitución protege las libertades individuales es mediante la limitación del poder del gobierno en el marco de un conjunto de potestades enumeradas y definidas previamente.

El hecho de que la Constitución tenga un rol relevante en la protección de las libertades individuales tiene un efecto indirecto sobre la forma en la que se estructuran las demandas ciudadanas por el cambio en las condiciones del «pacto social».

La posibilidad de que los cambios que se buscan puedan lograrse por medio de reformas constitucionales o enmiendas permite que exista una vía institucional y pacífica para canalizar las inquietudes de determinados movimientos sociales, aun cuando estas sean del tipo «revolucionario».

De todas formas, aún cuando una Constitución consigne la defensa y protección de las libertades individuales, es difícil evaluar hasta qué punto la Constitución, por sí sola, contribuye a la existencia y calidad de ellas.

Si bien el texto constitucional es relevante para que sea posible que la ciudadanía exija a las autoridades e instituciones políticas la defensa de determinados principios y libertades civiles, su implementación depende de un gran número de agentes políticos que son responsables de actuar en conformidad con los principios que se consignan en la Carta Fundamental.

Crear obligaciones para el gobierno

Una cuarta función de la Constitución es establecer derechos positivos para garantizar el bienestar de la población. Muchas constituciones a lo largo del mundo protegen derechos sociales y económicos para sus ciudadanos. Dependiendo del país, la Carta Fundamental puede limitarse a una serie de derechos básicos mínimos o extenderse hacia un listado más amplio de garantías estatales.

Aquellas constituciones que incluyen este tipo de disposiciones usualmente han sido influenciadas por la Constitución de Weimar de 1919 o por corrientes de pensamiento social demócrata. Muchas de las constituciones que incluyen derechos sociales de este tipo y que fueron redactadas de forma posterior a la Segunda Guerra Mundial también tienen como fuente de inspiración el New Deal estadounidense.

Así, la mayoría de las constituciones políticas de los Estados democráticos modernos incluyen un conjunto de derechos sociales mínimos que garantizan el bienestar de sus ciudadanos.

La interpretación de la Constitución

Tal y como se mencionó anteriormente, las constituciones no pueden cumplir sus funciones simplemente existiendo; estas funciones deben ser implementadas por las distintas instituciones políticas que han sido designadas para realizar esta tarea.

Lamentablemente, en muchas ocasiones, las autoridades encargadas de interpretar las normas constitucionales (especialmente los jueces) se guían por preferencias personales que son ajenas a las leyes y que pueden desviarse, en principio, de la intención original del texto.

Aun cuando los jueces y otros actores que intervienen en los procesos legales tienen una posición privilegiada para interpretar la Constitución, difícilmente pueden ignorarla completamente. Las reglas estipuladas en la Constitución sí importan.

La interpretación apropiada de la Constitución se vuelve una materia política relevante porque, en la mayoría de los casos, existe un vacío entre la realidad gubernamental del país y aquello que pudo ser previsto por las personas que redactaron el documento original.

Por tanto, en rigor, la Constitución no se limita al texto fundacional considerado aisladamente. La Constitución es la forma en la que las instituciones y los actores políticos dan vida y significados concretos a dichas normas.

El impacto de la Constitución no puede ser evaluado simplemente leyendo el texto escrito, sino que debe ser considerado en su interacción con la sociedad que le examina e interpreta. Es por ello que se debe prestar especial atención a la labor de aquellas instituciones en las que se ha encomendado la labor de interpretar la Constitución.